GADAFI...

...Y LA LIBIA QUE OCCIDENTE PROMETIÓ LIBERAR Y TERMINÓ DESTRUYENDO 

El 23 de septiembre de 2009, Muamar Gadafi llevó un ejemplar de la Carta de las Naciones Unidas al estrado de la Asamblea General. Tenía cuarenta años de gobierno sobre sus espaldas y presidía entonces la Unión Africana. Durante más de una hora y media cuestionó la organización del poder internacional, denunció las intervenciones militares de Estados Unidos y las potencias europeas, exigió reparaciones por el colonialismo y reclamó una reforma profunda del Consejo de Seguridad. Hubo exageraciones, extravagancias y afirmaciones que difícilmente podrían sostenerse con pruebas. También hubo una denuncia política difícil de refutar: el mundo había cambiado enormemente desde 1945, pero cinco países conservaban el privilegio de decidir sobre asuntos que afectaban al resto de la humanidad. Menos de dos años después, tres de esas potencias —Estados Unidos, Francia y Reino Unido— participarían en una operación militar decisiva para derrocarlo. El 20 de octubre de 2011, Gadafi sería capturado con vida y moriría violentamente a manos de combatientes opositores. La intervención extranjera, presentada como una misión humanitaria, terminaría acompañada por el desmoronamiento del Estado libio y una prolongada guerra entre facciones armadas.

La Libia que Gadafi encontró en 1969 arrastraba las consecuencias de una dominación colonial particularmente cruel. Italia había ocupado el territorio en 1911 y combatido la resistencia local mediante deportaciones, ejecuciones y campos de concentración. Omar al-Mukhtar, uno de los principales dirigentes de aquella resistencia, fue ejecutado por las autoridades italianas en 1931. La independencia llegó recién en 1951, bajo una monarquía encabezada por Idris I que mantuvo estrechas relaciones con Estados Unidos y Reino Unido. Ambas potencias conservaron instalaciones militares en el país, mientras las compañías extranjeras adquirían una posición privilegiada en la explotación del petróleo. El descubrimiento de importantes yacimientos durante la década de 1950 transformó rápidamente la economía, aunque sus beneficios se distribuyeron de manera muy desigual. Inspirado por el nacionalismo de Gamal Abdel Nasser, un joven coronel de origen beduino encabezó el golpe militar que terminó con la monarquía el 1 de septiembre de 1969. Su programa prometía independencia económica, recuperación de los recursos naturales, reformas sociales y unidad árabe. La revolución libia surgía de una tradición anticolonial que ya había dado lugar a experiencias semejantes en Egipto, Argelia y otros países de la región.

El petróleo financió buena parte de las transformaciones posteriores. El gobierno renegoció concesiones, incrementó la participación estatal en la industria y desplazó progresivamente el predominio de las empresas extranjeras. Los ingresos petroleros permitieron construir hospitales, escuelas, universidades, viviendas y redes de infraestructura, además de sostener numerosos subsidios y prestaciones sociales. La educación y la atención sanitaria públicas se extendieron a sectores que antes habían tenido dificultades para acceder a esos servicios. Las mujeres ampliaron su participación educativa y laboral, aunque persistieron desigualdades legales y sociales. La prosperidad libia dependía profundamente de los hidrocarburos y de sus precios internacionales, pero la disponibilidad de petróleo jamás garantizó por sí sola una distribución socialmente provechosa de sus ingresos. Gadafi tomó decisiones económicas que modificaron las condiciones de vida de una población que había conocido la pobreza y la subordinación colonial. El país que gobernaba hacia finales de la primera década del siglo XXI era materialmente muy diferente del que había encontrado cuarenta años antes.

Los indicadores internacionales permiten medir parte de esos resultados. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubicó a Libia en el puesto 53 de su Índice de Desarrollo Humano de 2010, con una esperanza de vida cercana a los 75 años y resultados educativos superiores a los de buena parte del continente africano. La inversión estatal había contribuido a ampliar la alfabetización, mejorar las condiciones sanitarias y reducir privaciones históricas. En febrero de 2011, poco antes del levantamiento contra el gobierno, el Fondo Monetario Internacional reconocía la fortaleza de las reservas libias y una recuperación económica sostenida por los ingresos petroleros. También advertía sobre el desempleo, especialmente juvenil, la dependencia de una sola actividad productiva y las dificultades para diversificar la economía. El régimen había acumulado problemas importantes, pero la imagen de una nación completamente arruinada por cuatro décadas de gobierno resulta incompatible con los datos disponibles. Libia había alcanzado niveles de desarrollo que muchos países africanos, incluso algunos dotados de enormes recursos naturales, todavía no habían conseguido.

Una de las mayores inversiones de aquel período fue el Gran Río Artificial, concebido para trasladar agua desde acuíferos profundos del Sahara hasta las regiones pobladas del Mediterráneo. Las obras comenzaron en 1984 y dieron lugar a un sistema de miles de kilómetros de tuberías, estaciones de bombeo y depósitos. La infraestructura permitió abastecer ciudades y ampliar las posibilidades agrícolas de un país cuyo territorio es mayoritariamente desértico. La utilización de aguas fósiles planteaba problemas evidentes de sostenibilidad, porque se trata de reservas cuya reposición natural es extremadamente lenta. La dimensión de la obra, sin embargo, revela las prioridades de una política de infraestructura financiada con ingresos nacionales. Mientras una porción importante de África continuaba dependiendo de préstamos y asistencia extranjera para cubrir necesidades elementales, Libia destinaba parte de su riqueza petrolera a construir uno de los sistemas hidráulicos más extensos del planeta.

Gadafi aspiraba a trasladar esa independencia económica al conjunto del continente. Después de sus primeros esfuerzos por promover la unidad árabe, se convirtió en uno de los principales impulsores del panafricanismo. Participó activamente en el proceso que llevó a la creación de la Unión Africana en 2002 y defendió propuestas de integración política, comercial, financiera y militar. Llegó a promover la formación de unos Estados Unidos de África, con instituciones compartidas y una moneda propia que redujera la dependencia de las divisas extranjeras. Los gobiernos africanos recibieron esas iniciativas con diferentes grados de entusiasmo y desconfianza. Muchos respaldaban una mayor integración regional, pero rechazaban la posibilidad de subordinar sus decisiones a una autoridad continental dominada por Trípoli. La discusión excedía las ambiciones personales del coronel. Décadas después de las independencias, numerosas economías africanas continuaban condicionadas por antiguas metrópolis, instituciones financieras internacionales y empresas extranjeras que controlaban actividades estratégicas. Francia conservaba una influencia económica y militar especialmente importante en sus antiguas colonias. Gadafi pretendía disputar parte de ese poder mediante organizaciones africanas capaces de negociar desde una posición menos subordinada.

Alrededor de sus proyectos monetarios surgió posteriormente una explicación muy difundida sobre la intervención de 2011. Según esa interpretación, Gadafi pretendía establecer un dinar africano respaldado por oro que amenazaba los intereses estadounidenses y franceses, especialmente la influencia del dólar y del franco CFA. Un memorando remitido a Hillary Clinton por Sidney Blumenthal, conocido después de la publicación de los correos de la exsecretaria de Estado, mencionaba las reservas de oro libias y las posibles preocupaciones francesas. La existencia del documento está acreditada, pero la información recogida en él procede de fuentes cuya fiabilidad no ha sido suficientemente establecida. Tampoco demuestra que el proyecto monetario haya sido una causa determinante de la intervención. Las relaciones comerciales, los intereses petroleros, la competencia por la influencia africana y los compromisos militares de las potencias occidentales ofrecen elementos documentales más firmes para estudiar sus motivaciones. El interés estratégico de Libia era evidente desde mucho antes de 2011: poseía importantes reservas de petróleo, una posición geográfica privilegiada sobre el Mediterráneo y recursos financieros que le permitían actuar más allá de sus fronteras.

En Naciones Unidas, Gadafi cuestionó precisamente las instituciones internacionales que habían administrado durante décadas esa desigualdad de poder. Se detuvo en el derecho de veto, reservado a Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, y preguntó por qué los demás países debían aceptar decisiones impuestas por una minoría privilegiada. Propuso transferir mayores atribuciones a la Asamblea General y convertir el Consejo de Seguridad en un órgano encargado de ejecutar las decisiones adoptadas por el conjunto de sus miembros. Llegó a denominarlo «Consejo del terror», en referencia a las guerras emprendidas por algunas de las potencias responsables de mantener la paz. Su afirmación de que el veto contradecía jurídicamente la Carta era incorrecta, porque ese mecanismo está expresamente previsto en su artículo 27. La crítica política, en cambio, apuntaba a la legitimidad de una estructura que distribuye facultades extraordinarias entre cinco países y deja a los demás sometidos a una capacidad de decisión mucho menor. Gadafi también rechazó que la solución consistiera simplemente en incorporar nuevas potencias como miembros permanentes. Consideraba que semejante reforma ampliaría el número de privilegiados sin modificar las relaciones de subordinación que denunciaba.

El dirigente libio recorrió distintos conflictos para ilustrar sus acusaciones. Recordó la intervención británica y francesa contra Egipto durante la crisis del canal de Suez de 1956, las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán, y operaciones militares estadounidenses en otros países. Reclamó investigaciones sobre asesinatos políticos, denunció la impunidad de responsables de crímenes contra poblaciones civiles y cuestionó el funcionamiento desigual de la justicia internacional. Algunas de sus referencias históricas fueron imprecisas y otras derivaron hacia especulaciones sin sustento. Pero la invasión de Irak de 2003 ofrecía un antecedente suficientemente grave. Estados Unidos y Reino Unido habían encabezado una guerra justificada, entre otros argumentos, por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas. La ocupación provocó una devastación enorme, numerosas víctimas civiles, desplazamientos y una desestabilización cuyas consecuencias alcanzaron a toda la región. George W. Bush y Tony Blair habían defendido aquella intervención en nombre de la seguridad y la democratización. Gadafi utilizó ese antecedente para cuestionar quién podía exigir responsabilidades a los gobiernos que decidían emprender guerras y después pretendían presentarse como garantes del derecho internacional.

Su discurso incluyó otros planteos que permiten comprender la amplitud de sus posiciones. Exigió reparaciones económicas por el colonialismo europeo y relacionó las migraciones africanas con la explotación histórica de sus países de origen. Denunció la extracción extranjera de recursos pesqueros en Somalia y sostuvo que las operaciones militares contra la piratería desatendían sus causas económicas. Sobre Palestina propuso un Estado compartido entre árabes y judíos, al que denominó «Isratina», porque consideraba inviable una separación territorial entre poblaciones profundamente entrelazadas. También defendió la gratuidad de medicamentos y vacunas, aunque acompañó esa propuesta con especulaciones infundadas sobre la fabricación deliberada de virus por empresas farmacéuticas. El discurso combinaba reivindicaciones anticoloniales, propuestas institucionales, posiciones pacifistas y afirmaciones extravagantes. Su extensión y desorden facilitaron que buena parte de la cobertura internacional se concentrara en su comportamiento, sus gestos y sus excentricidades. Las denuncias sobre el reparto del poder mundial recibieron bastante menos atención.

Una de las escenas más llamativas de aquella jornada fue su reconocimiento a Barack Obama. Gadafi celebró que Estados Unidos hubiera elegido a un presidente afrodescendiente, de ascendencia keniana, después de una historia marcada por la segregación racial. Lo llamó afectuosamente «nuestro hijo Obama» y elogió sus declaraciones sobre desarme nuclear, cooperación internacional y rechazo a imponer la democracia desde el extranjero. Sin embargo, advirtió que la orientación de Washington dependía de instituciones y gobiernos que sobrevivirían a su presidencia. Dos años después, la administración Obama participó en la coalición militar que terminó contribuyendo a su caída. El contraste resulta todavía más marcado si se recuerda que, durante la década anterior, Gadafi había aceptado abandonar sus programas de armas de destrucción masiva y normalizar sus relaciones con Occidente. En 2003, Estados Unidos y Reino Unido habían celebrado su decisión de desarmarse como un avance para la seguridad internacional. Durante la guerra de 2011, el propio Gadafi volvió sobre ese antecedente en conversaciones relatadas por interlocutores occidentales: había renunciado a desarrollar determinadas armas, había restablecido relaciones diplomáticas y ahora recibía bombardeos de las potencias con las que había negociado. Se preguntaba qué podían aprender de aquella experiencia otros Estados sometidos a presiones para abandonar sus programas militares.

Las relaciones entre Gadafi y los gobiernos occidentales habían cambiado repetidamente durante sus cuarenta y dos años de gobierno. Ronald Reagan ordenó bombardear Trípoli y Bengasi en abril de 1986, después de un atentado terrorista en Berlín Occidental que Washington atribuyó a agentes libios. Durante los años ochenta y noventa, el régimen sostuvo relaciones con organizaciones armadas internacionales y quedó vinculado a graves hechos de terrorismo, entre ellos el atentado contra el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, por el que Libia aceptó responsabilidad estatal en 2003 y acordó indemnizaciones. Las sanciones económicas y el aislamiento diplomático afectaron duramente al país. Con el cambio de siglo, la situación comenzó a modificarse. Gadafi abandonó sus programas de armamento prohibido, avanzó en acuerdos internacionales y permitió el regreso de inversiones extranjeras. Tony Blair visitó Trípoli en 2004, Nicolas Sarkozy recibió oficialmente al dirigente libio en París en 2007 y Silvio Berlusconi firmó con él un tratado de amistad en 2008 que incluía compensaciones por el pasado colonial italiano. Empresas petroleras europeas ampliaron sus negocios y los gobiernos occidentales negociaron acuerdos de cooperación antiterrorista y control migratorio. Las características autoritarias del régimen eran conocidas durante esas negociaciones. Los derechos humanos adquirieron un protagonismo mucho mayor en los discursos europeos cuando la continuidad de Gadafi dejó de coincidir con sus decisiones estratégicas.

Las contradicciones internas de su gobierno también eran profundas. El sistema de congresos y comités populares, desarrollado a partir de las ideas expuestas en el Libro Verde, prometía sustituir la democracia representativa por una forma de participación directa. En la práctica, el poder permanecía concentrado en Gadafi, su círculo familiar y los organismos de seguridad. Las organizaciones opositoras sufrían persecución, las libertades políticas estaban severamente restringidas y el aparato represivo había cometido abusos de enorme gravedad. La matanza de presos en Abu Salim, en 1996, se convirtió en uno de los símbolos de esa represión. Durante años, los familiares de las víctimas reclamaron información y justicia. El descontento también comprendía la corrupción, el desempleo juvenil, los privilegios de sectores cercanos al poder y la ausencia de mecanismos institucionales para reemplazar a los gobernantes. Los avances en educación, salud e infraestructura convivieron con esas restricciones y desigualdades. La revolución había modificado la distribución de una parte importante de la riqueza nacional, pero nunca permitió que sus ciudadanos decidieran libremente quién debía gobernarlos.

En febrero de 2011, las protestas vinculadas con la llamada Primavera Árabe alcanzaron Libia. La detención de un abogado relacionado con las familias de las víctimas de Abu Salim contribuyó a desencadenar manifestaciones en Bengasi. La represión gubernamental agravó el conflicto, y el levantamiento se transformó rápidamente en una insurrección armada. Militares desertores, antiguos funcionarios, opositores civiles y organizaciones islamistas terminaron integrando una coalición heterogénea contra Gadafi. El gobierno recuperó posiciones mediante sus fuerzas militares, mientras las potencias occidentales comenzaron a discutir una intervención. Francia y Reino Unido presionaron especialmente para adoptar medidas militares, aunque necesitaban el respaldo estadounidense y una justificación internacional. Qatar desempeñó un papel importante en el apoyo diplomático a la oposición y en la posición favorable de la Liga Árabe a una zona de exclusión aérea. Una monarquía hereditaria del Golfo Pérsico, que no respondía precisamente a los principios de una democracia parlamentaria, se convirtió en uno de los aliados más activos de quienes anunciaban una revolución democrática en Libia.

El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1973. La autorización permitía adoptar medidas militares destinadas a proteger a civiles y zonas pobladas amenazadas, establecía una zona de exclusión aérea y excluía expresamente una fuerza extranjera de ocupación. Francia, Estados Unidos y Reino Unido comenzaron los ataques el 19 de marzo, y posteriormente la OTAN asumió la conducción de la campaña. Los primeros bombardeos se dirigieron contra fuerzas gubernamentales que avanzaban sobre Bengasi. La protección de la población civil constituía el fundamento declarado de la operación. Sin embargo, el desarrollo de la guerra fue ampliando sus objetivos. La aviación de la coalición destruyó instalaciones militares, defensas y posiciones gubernamentales durante meses, facilitando el avance de las fuerzas opositoras. El 14 de abril, Obama, Cameron y Sarkozy publicaron conjuntamente que Gadafi debía abandonar definitivamente el poder. Aquello dejaba expuesta una diferencia sustancial entre el mandato aprobado por Naciones Unidas y los objetivos políticos asumidos públicamente por los gobiernos que dirigían la intervención.

La intervención militar estuvo precedida por intensas negociaciones y desacuerdos entre las propias potencias occidentales. Francia y Reino Unido presionaban para acelerar los ataques, mientras Washington temía repetir los errores de Irak y exigía respaldo internacional. Qatar desempeñó un papel decisivo para conseguir el apoyo de la Liga Árabe a la zona de exclusión aérea y posteriormente suministró asistencia a distintas facciones insurgentes, entre ellas sectores islamistas. Las fuerzas vinculadas con Abdelhakim Belhadj, que participaron en la toma de Trípoli, mantenían diferencias políticas con otros dirigentes de la oposición. El Consejo Nacional de Transición reunía a antiguos funcionarios del régimen, militares desertores, liberales, islamistas y dirigentes regionales cuyos intereses difícilmente podían conciliarse. La derrota de Gadafi era el objetivo que los mantenía unidos. Las disputas por el control del país comenzaron incluso antes de que terminara la guerra, mientras la OTAN continuaba bombardeando posiciones gubernamentales.

En septiembre de 2016, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes británica publicó una investigación que cuestionó severamente la actuación del gobierno de David Cameron. El informe concluyó que la intervención se había apoyado en información insuficiente, que la amenaza contra la población civil había sido sobredimensionada y que la operación derivó hacia una política de cambio de régimen sin una estrategia adecuada para la etapa posterior. También criticó la escasa atención prestada a las alternativas diplomáticas y a la composición de las fuerzas opositoras. El gobierno británico rechazó parte de esas conclusiones y defendió la legalidad de sus decisiones. Sin embargo, el propio Parlamento de una de las principales potencias intervinientes había identificado graves errores políticos y militares. Las advertencias sobre las consecuencias de derrocar a Gadafi tampoco procedían exclusivamente de su gobierno. Diferentes actores regionales y diplomáticos expresaron preocupación por la fragmentación del país, la proliferación de armas y el eventual fortalecimiento de grupos extremistas.

El 20 de octubre de 2011, después de semanas de combates en Sirte, un ataque aéreo de la OTAN alcanzó el convoy en el que se desplazaba Gadafi. El dirigente libio consiguió sobrevivir y fue capturado por combatientes opositores cerca de una alcantarilla. Las grabaciones difundidas muestran que estaba vivo, herido y rodeado de hombres que lo golpeaban y maltrataban. Murió poco después. Las circunstancias precisas de su muerte fueron objeto de investigaciones y permanecen parcialmente controvertidas, aunque las imágenes y los testimonios ofrecen motivos suficientes para investigar una posible ejecución extrajudicial. Su cadáver fue exhibido públicamente. Hillary Clinton, secretaria de Estado estadounidense, reaccionó ante las cámaras con una carcajada y una adaptación de la célebre frase de Julio César: «Vinimos, vimos, murió». El dirigente que había recibido a Blair, Sarkozy y Berlusconi como invitados de Estado terminaba expuesto ante el mundo como un trofeo de guerra. Sus responsabilidades por los abusos del régimen merecían una investigación judicial, con garantías y posibilidad de conocer públicamente los crímenes cometidos. La violencia de sus captores clausuró esa posibilidad.

La caída del gobierno tampoco resolvió los conflictos que habían originado la rebelión. Las milicias conservaron sus armas, los dirigentes opositores comenzaron a disputar el poder y distintas regiones quedaron sometidas a autoridades rivales. La guerra civil volvió a intensificarse en 2014. Organizaciones extremistas aprovecharon la descomposición institucional y el Estado Islámico llegó a establecer posiciones en territorio libio. El tráfico de armas, los enfrentamientos entre facciones y la explotación de migrantes se convirtieron en problemas persistentes. La ausencia de instituciones políticas capaces de sobrevivir a Gadafi facilitó esa crisis; las potencias extranjeras agravaron la situación mediante una intervención que contribuyó decisivamente al derrocamiento del régimen sin garantizar una transición estable. Los gobiernos que habían prometido proteger a los civiles terminaron retirándose de una guerra cuyas consecuencias recaían sobre la población libia. La reconstrucción del país quedó condicionada por los mismos grupos armados que habían participado en su liberación.

La experiencia de Gadafi merece ser examinada por sus resultados y por las decisiones que condujeron a su caída. Su gobierno construyó un Estado con mayor control sobre sus recursos naturales, amplió prestaciones sociales, financió obras públicas de enorme magnitud y promovió una política exterior que cuestionaba las relaciones coloniales heredadas. También persiguió opositores, restringió libertades y concentró el poder hasta impedir una sucesión institucional ordenada. Sus proyectos de integración africana tuvieron una ambición que excedía ampliamente las posibilidades de Libia, pero expresaban una preocupación compartida por numerosos países del continente: la independencia económica frente a potencias que conservaron buena parte de su influencia después de la descolonización. Esa trayectoria permite reconocer avances y responsabilidades con hechos concretos, sin depender de la idealización de su figura ni de las caricaturas construidas por sus adversarios.

La política occidental hacia Libia ofrece, por su parte, un caso de oportunismo diplomático y fracaso estratégico. Estados Unidos y Europa pasaron del enfrentamiento al acercamiento comercial, y de las visitas oficiales a una intervención militar que contribuyó a destruir el gobierno con el que habían negociado pocos años antes. La protección de civiles fue invocada como fundamento de una operación que terminó asociada al cambio de régimen. Las consecuencias fueron examinadas críticamente por instituciones de los propios países intervinientes, mientras Libia continuaba padeciendo las dificultades de una transición atravesada por la violencia. El destino de Gadafi estuvo ligado a las contradicciones de su sistema político y a la decisión de potencias extranjeras de intervenir decisivamente en una guerra interna. El resultado desmintió las expectativas de quienes presentaron su caída como el comienzo inmediato de una nueva democracia.

En Sirte murió Gadafi. En Washington, París y Londres celebraron su caída como una victoria de la libertad. Libia quedó sumergida en disputas entre milicias, gobiernos rivales y nuevas guerras. Las potencias que contribuyeron a derrocarlo pudieron retirarse y ocuparse de otros asuntos. Los libios tuvieron que quedarse a vivir con las consecuencias.

Para la elaboración de este artículo se consultaron las actas oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 23 de septiembre de 2009 (A/64/PV.3), los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional correspondientes al período anterior a la guerra, la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, la investigación publicada en 2016 por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes británica, los informes de Human Rights Watch sobre la intervención militar y la muerte de Gadafi, y cuatro trabajos audiovisuales dedicados a su trayectoria política, su gobierno y los acontecimientos de 2011.

Jerónimo Martínez Feyt